Como cada comienzo de curso, ANELE ha publicado su Informe “El libro y los contenidos educativos en España. Curso 2021-2022”. En él, realiza un análisis del contexto en el que las empresas dedicadas a la edición de contenidos destinados a la enseñanza están desarrollando su actividad.
El informe de este año destaca que “el sistema educativo español se encuentra en un periodo de transición”: Transición respecto a la recuperación de la normalidad tras la incertidumbre derivada de la pandemia y de las medidas que fueron necesarias poner en marcha en los cursos 2019-2020 y 2020-2021. Transición como consecuencia de la aprobación de la LOMLOE y su calendario de aplicación. No hay que olvidar que según éste el próximo curso, el 2022-2023, será el primero en el que comenzará a aplicarse el nuevo currículo cuyos borradores de primaria acaban de conocerse. Y, por último, transición hacia un modelo educativo en el que lo digital incrementará su uso y en el que la convivencia con la presencialidad y los materiales tradicionales van a estar presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
A la espera de ver cómo evoluciona la pandemia y qué efectos tiene sobre la educación, el informe de ANELE pone su foco en dos cuestiones importantes. Por un lado, el importante papel que pueden desarrollar los libros y contenidos educativos editoriales en la puesta en marcha de la nueva Ley que conlleva “una reforma curricular que supone un enfoque por competencias tan explícito, amplio y sistemático. Los libros de texto (en papel o digitales) se convierten en herramientas que pueden facilitar la tarea del profesorado proporcionándoles orientación y guía en la puesta en marcha del nuevo currículo. También para los padres, ya que en ellos pueden encontrar información sobre los trabajos de sus hijos y herramientas para que puedan ayudarles”.
Eso sí, como señalan los editores, para cumplir esta función, es primordial, en este momento contar con los currículos con el fin de poder iniciar la elaboración de los libros y materiales curriculares para que estén disponibles al comienzo del próximo curso escolar 2022-2023. En este sentido, los editores, esperan que, dado que el Ministerio ha manifestado en reiteradas ocasiones su interés en que el Estado y las autonomías pudieran colaborar y trabajar en paralelo en la elaboración de la normativa curricular, “sería deseable que estas buenas intenciones se concretaran y se lograra algo más de consenso que el que se ha producido en la tramitación de la Ley, dejando al margen las cuestiones partidistas”.
La segunda de las cuestiones en las que incide es en alertar sobre la intervención de las Administraciones Educativas autonómicas promoviendo la creación y/o contratación de determinados recursos digitales podría poner en riesgo el pluralismo educativo. En el informe, ANELE recuerda cómo la Ley establece que los docentes son los únicos que pueden seleccionar qué libros y materiales se emplean en sus clases, por lo que, señalarles qué recursos deben emplear podría, además de suponer la vuelta al libro único, poner en riesgo la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra. “Por no hablar de lo que supondría que sea un determinado Gobierno quien determine qué desarrollo de los contenidos se imparten en sus clases”.
El informe menciona las decisiones adoptadas por comunidades como Galicia, Madrid o Castilla y León para contratar directamente determinados contenidos para incorporarlos en sus plataformas educativas dando sólo una opción a los profesores que, además, podría no ser adecuada para la metodología didáctica empleada en el centro.
Desde La Ventana de ANELE invitamos a leer el conjunto del informe que incluye otros elementos interesantes que iremos desgranando próximamente.
