El presidente de ANELE, José Moyano, participó el pasado 3 de marzo en las jornadas con la Comunidad Educativa organizada por el Grupo Parlamentario Popular. En el transcurso de su intervención tuvo la oportunidad de exponer cuál es la situación actual en la que las empresas editoriales de contenidos educativos desarrollan su actividad. Se trata de una tarea condicionada por las decisiones de las Administraciones Públicas.
“Estamos a día 3 de marzo y debíamos tener, ahora mismo, a todo el ecosistema del libro, editoriales, distribuidores, libreros, etcétera, en la tarea de promocionar los materiales para el curso que viene. Sin embargo, tengo que empezar mi intervención, señalando que, desgraciadamente, llevamos desde el mes de noviembre, por activa y pasiva, enviando mensajes a todas las Consejerías de Educación para saber su planificación y poder afrontar la renovación: si van a respetar la normativa ya aprobada, porque siempre estamos dudosos de hacer inversiones. El resultado es que ninguna de las 17 Consejerías se ha dignado a decirnos qué plan de renovación o reposición piensan implementar para el curso que viene.
Desde la colaboración público-privada en la que creemos, estamos realmente preocupados, porque tenemos miles de puestos de trabajo paralizados con ERTES y ERES consecuencia de que no se toman las decisiones a tiempo, sabiendo que, en muchos casos, no se trata más que del cumplimiento de las normas.
Como ocurre en el resto de Europa, el sector editorial es la industria cultural más importante de España. El subsector del libro de texto tiene un impacto relevante tanto sobre la economía de nuestro país como sobre su imagen exterior. Afortunadamente, somos líderes en muchos países hispanoamericanos gracias a nuestras empresas.
El libro de texto, como colaborador necesario para atender el derecho a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades, llega por igual a cada rincón de la geografía española: al medio urbano y al medio rural, a los sectores sociales favorecidos y a los desfavorecidos, a la escuela privada y a la escuela pública. Fijaos lo importante que es para vertebrar un país el que haya la posibilidad de que, a través de nuestros proyectos, la normativa curricular llegue en igualdad de condiciones a toda la población. Esa es nuestra labor.
La UNESCO señala: “además de contar con buenos docentes, la mejor manera de mejorar la enseñanza y el aprendizaje es disponer de libros de texto bien elaborados y en cantidad suficiente”. Hoy, anuncia el ministerio que libera a un montón de profesores, con la falta que nos hacen, para que se encarguen de crear recursos educativos con el dinero público haciendo competencia desleal a las editoriales españolas. Que la Administración, con nuestros impuestos, nos haga la competencia es algo que no tiene ningún sentido. Y, más, cuando tenemos una sentencia favorable por una actuación similar del Ministerio hace unos años. Hubo condena, pero no cumplieron con la sentencia que les obligaba a recuperar 800.000 euros.
Por todo ello, y debido a un enorme esfuerzo de adaptación y de modernización le ha permitido seguir desempeñando un papel fundamental en el ámbito de la educación. Tan es así que, en los tiempos actuales, hemos estado seis meses dando gratis licencias digitales, miles de ellas, para que las familias que estaban confinadas en casa pudieran acceder a los contenidos digitales. También, en las poblaciones donde los libros estaban en los centros han tenido que utilizar a bomberos, policías municipales para repartir los libros por las casas. Al día siguiente del confinamiento, la ministra nos llamó para trabajar en facilitar contenidos para continuar con la educación. Todo ello gratis con el fin de colaborar con la comunidad educativa.
Voy a tratar de analizar la realidad del sector editorial educativo, describiendo simplemente los hechos. Atendemos los intereses generales de la educación española desde un enfoque empresarial propio de un país desarrollado y democrático, es decir, basado en el pluralismo y regido por un Estado de derecho. Hoy, nos encontramos con que hay algunas administraciones públicas que están diseñando sus propios materiales y utilizando solo un recurso educativo, lo que va en contra de la pluralidad de la edición y de la libertad de cátedra. Incluso, ‘sobornando’ a los centros para que, si eligen ese contenido, obtengan dotación tecnológica y soportes digitales. Por el contrario, si no lo hacen y eligen nuestros recursos, no dotan al colegio. Esto es sencillamente una barbaridad que atenta contra cualquier sentido común.
A la vista de las valoraciones de organismos internacionales y de gobiernos de países avanzados, la edición educativa tiene un papel esencial como elemento central en todo el proceso educativo. Por ello, no ha sido ajeno a la evolución social y tecnológica de los países avanzados y ha sabido adaptarse a cada nueva situación, intentando dar respuesta a las demandas de las Administraciones y del profesorado, constituyéndose en un auténtico aliado para implementar las reformas educativas. Quiero recordar cuando se hizo la LOCE por parte del Partido Popular y lo que sucedió cuando accedió el PSOE. Nos encontramos con 50 millones de libros que tuvimos que destruir porque no se llegó a poner en marcha. Y estamos convencidos de que nuestro papel ha aportado mucho a la educación española y queremos seguir haciéndolo.
No obstante, la política educativa reciente ha generado una gran incertidumbre. Pensad que estamos a 3 de marzo y no sabemos lo que tenemos que hacer para el curso que se inicia en septiembre y tenemos a la mitad de la plantilla en ERTE y algunos ya en ERE. Y todo esto influye y muy sensiblemente en este subsector de la edición.
En concreto:
– El reparto competencial en el ámbito educativo, propio del Estado autonómico, que implica el desarrollo de una buena parte de los currículos por cada Comunidad Autónoma. Ya se han hecho famosas nuestras intervenciones a principio de curso de hacer 17 ediciones, y yo diría 23, porque son 17 de matemáticas para cada CCAA, pero también en los distintos idiomas. Resulta insostenibles sin una economía de escala. Aun así, atendemos todas las circunstancias y necesidades. La nueva ley, no solo se incrementa por el 50% que tiene la autonomía para elaborar o incrementar los currículos, sino que también se refuerza la autonomía pedagógica de los centros.
– La normativa del Estado no ha sido siempre lo suficientemente clara o no ha estado lo suficientemente bien concebida a la hora de ordenar las enseñanzas básicas y de garantizar un núcleo común de contenidos compartidos por todos los escolares españoles.
– La sucesión de reformas educativas ha tenido consecuencias negativas en un aspecto fundamental de la educación escolar, como son los contenidos curriculares.
– La publicación por parte de diferentes Administraciones educativas de normas que amplían los plazos mínimos de renovación de los libros de texto con criterios propios ha dado lugar a una enorme diversidad de situaciones. Tenemos CCAA que renuevan cada 4 años por sistema, otras cada 5, otras cada 6, otras no se sabe cuándo porque es tan confusa que dejan en manos de cada centro educativo que hagan lo que quieran. Y así hemos llegado a algunas CCAA con 9 y 10 años reutilizando los mismos textos.
– La irrupción en este panorama de las reformas educativas y las diferentes réplicas que le han dado las distintas Comunidades Autónomas han diversificado aún más la renovación de los libros de texto y reducido la previsibilidad de la edición.
A esto se suman otros tres factores que han tenido una incidencia directa:
– La reciente y prolongada crisis social y económica y sus tremendas secuelas producidas en multitud de familias españolas.
– Las múltiples concepciones pedagógicas o ideológicas.
– El fomento desordenado de creación de materiales por los propios profesores, no como complemento a los libros de texto sino como sustitutos de los mismos. Esto nos ha hecho llegar a una alianza con nuestra entidad de gestión, CEDRO, y poner a disposición de las Consejerías de educación un sistema antipiratería digital “SAD” porque nos hemos dado cuenta de que el 95% de los contenidos están plagiados. Se trata de cuestiones que lo hemos comunicado y denunciado incluso con recursos contenciosos.
Este contexto no ha impedido que las empresas editoriales hayan asumido los desafíos de la transformación educativa elaborando materiales compatibles con los nuevos modelos metodológicos o beneficiarios de la revolución digital, ni que su producción haya ido asociada a una adaptación progresiva de sus materiales a las nuevas exigencias.
Nuestro papel ha sido el de facilitar grandes proyectos editoriales pedagógicos con posibilidad de acceder en soporte papel, híbrido o digital. Un abanico de posibilidades que permite que el profesor utilice la cantidad de recursos que tiene a su disposición de la manera que crea más conveniente, incluso aplicando la metodología que desee.
Esa evolución ha situado el libro de texto en un nuevo escenario y ha aportado un enfoque moderno, que trasciende el concepto tradicional del mismo y lo convierte en un conjunto de materiales y de recursos educativos presentados en diferentes soportes y formatos.
Por tal motivo, el libro de texto, en su formulación actual, permite incorporar gran parte de las tendencias metodológicas que nacen en nuestro sistema educativo y ayudar a los docentes a aplicarlas de manera adecuada, cumpliendo así una función de formación y de guía.
Como consecuencia de todo lo anterior, el libro de texto ha dejado de ser un mero conjunto ordenado de contenidos curriculares. Estamos, pues, ante un concepto que ha mutado, sin cambiar su etiqueta, para transformarse en un “conjunto de materiales y recursos educativos”, múltiples e integrados en torno a un proyecto editorial pedagógico singular.
En la situación que vive hoy la educación española puede ser una gran oportunidad para introducir, en esa ecología de relaciones en la que está inmerso el mundo del libro de texto, un compromiso básico que contenga las máximas dosis posibles de racionalidad y se vea reflejado en los nuevos textos legales.
Estos acuerdos, con alcance normativo, lo han de ser en beneficio de todas las partes implicadas, desde un sentido de la cooperación al servicio de la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo, en favor de la formación integral de nuestros escolares y del futuro de nuestra sociedad.
De conformidad con los anterior se formulan las siguientes recomendaciones:
- Definir con pertinencia y claridad el marco legal de carácter básico, común a todo el Estado, así como su desarrollo normativo. No puede ser que haya ciudadanos que por vivir en una comunidad tienen acceso a unos recursos educativos de calidad, innovadores y actualizados y otras no. Deberíamos contar con un sistema que no marque diferencias y evite, como ocurre ahora, que las brechas se amplíen más.
- Asegurar una razonable estabilidad de las normas en materia de ordenación académica, sea en el ámbito estatal o en el autonómico.
- Respetar efectivamente la ordenación básica del sistema educativo, que obliga por igual a los editores y a las Administraciones Educativas.
- Garantizar realmente la seguridad jurídica y el cumplimiento cabal de las normas en vigor. Todo ello repercute en la calidad de la educación.
- Racionalizar los calendarios de implantación de las enseñanzas en la futura normativa y homogenizar en todo el Estado los plazos de renovación de los manuales escolares y las fechas límite de selección por parte de los centros. No parece razonable que la implantación del calendario curricular de la reforma tenga que ir forzosamente a dos años con la cantidad de gasto que supone para aquellas comunidades que tienen el sistema de ayudas a las familias por sistema de préstamo. De esta forma, y dado que las Administraciones se convierten en los únicos compradores, si se renuevan cada 4 años, hay dos años en los que no se vende nada. Es difícil hacer sostenible un sistema donde se concentra todo en dos años y dos años quedan ‘en barbecho’.
- Establecer con claridad el alcance de la gratuidad tanto en el plano analógico —o de soporte papel— como en el puramente digital.
- Apoyar la digitalización de materiales y servicios con respeto a los derechos y obligaciones de las partes concernidas.
- Valorar la edición del libro de texto como eje vertebrador de la industria cultural, que repercute decisivamente sobre el empleo cualificado y despliega una influencia positiva de España en otros países hispanoparlantes promocionando su imagen en el exterior. Reconocer al papel que los contenidos educativos de calidad como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Contemplar el actual universo del libro de texto, en su acepción más moderna de “conjunto ordenado de materiales y recursos educativos”
- Considerar ese proyecto editorial formado por materiales y recursos educativos en su dimensión digital como una evolución de la digitalización del país.
- Impulsar e incentivar la colaboración entre las Administraciones educativas y los editores de libros de texto a fin de facilitar una formación del profesorado y aprovechar el cambio de la reforma para mejorar la calidad formativa y educativa.
- Promover una cooperación efectiva entre las Administraciones públicas, el sector tecnológico y el mundo editorial.
Francia se niega a darle cabida a través de las plataformas educativas a las grandes multinacionales como Google y Microsoft hasta que no se defina bien qué uso van a hacer de los datos. España es el país que más convenios ha firmado de toda Europa.
Vuelvo al comienzo. Estamos a 3 de marzo con miles de compañeros pendientes de las decisiones que las Consejerías, muchas en manos del PP, tienen que adoptar en los próximos días.
